Decisión de la procuradora general Margarita Cabello, exministra de Justicia de Iván Duque, de suspender al alcalde de Medellín por difundir un video de seis segundos a favor de Gustavo Petro, un atentado contra la democracia.

Por Caio Teixeira y Leonardo Wexell Severo / ComunicaSul

“Golpe de Estado en Medellín”, denunció el líder opositor Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico que encabeza la disputa por la presidencia de Colombia, al condenar el carácter “fascista” de la destitución del alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, por la Procuraduría General de la República en la noche del martes (10).

“Un procurador fascista ya me suspendió como administrador municipal y el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue contundente: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano”, subrayó el economista y senador Petro.

Al anunciar la suspensión provisional del administrador de la segunda ciudad colombiana por la difusión de un video de seis segundos, en vísperas de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, la titular del Ministerio Público, Margarita Cabello, abogó por que “ningún servidor público, del nivel más bajo, al más alto, pueden utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos”.

Además de Quintero, fueron destituidos el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, y otros dos funcionarios por “presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas”.

¿El crimen cometido? En las imágenes por las que se sanciona al alcalde, Quintero Calle, sentado al volante de un automóvil, gira la palanca de cambios y dice: “la caja de cambios” luego cambia a primera y completa “enprimera”, haciendo un juego de palabras con un eslogan de la campaña “Cambio enprimera”, que llama a los ciudadanos a garantizar la victoria de Petro en la primera vuelta.

Pero, ¿por qué el rigor en el uso y abuso de la ley? No por casualidad, Cabello, quien fue ministra de Justicia del actual presidente del país, designó a Juan Camilo Restrepo Gómez, indicado por él, para gobernar la ciudad de más de dos millones y medio de habitantes – y1.743.526 votantes – enestos decisivos momentos previos al pleito.

Gustavo Petro afirmó que "la Procuraduría General de la República no puede desconocer el mandato popular" y del mismo modo que lo hizo al denunciar la desaparición de más de medio millón de votos en las elecciones parlamentarias de marzo – enlas que, una vez comprobado el fraude, el Pacto Histórico ganó cuatro senadores más-, el candidato llamó a los colombianos a estar vigilantes y atentos para hacer cumplir la verdad y la justicia.

AFRENTA A LA DEMOCRACIA

Para la jueza federal brasileña Cláudia Dadico, “los hechos que rodearon la suspensión de Daniel Quintero afrentan a la democracia al menos en dos sentidos”. En primer lugar, aclaró, “reduciendo la amplitud de la discusión pública sobre las actividades del Estado y los rumbos de su gobierno”. “El debate sobre las acciones y omisiones del Estado es un discurso especialmente protegido de acuerdo con los parámetros internacionales de protección de los derechos humanos. Esta protección incide aún más intensamente en contextos electorales, en los que las propuestas y plataformas de los candidatos a cargos públicos se debaten en el espacio de formación de la opinión pública. Por tanto, la prohibición de manifestaciones políticas a los servidores públicos ya representa, en sí misma, una ofensa a la libertad de expresión, cimiento sobre el que descansa el edificio de las democracias liberales”, agregó.