Según Renán Vega, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, hay noticias de aproximadamente unas 50 unidades estadounidenses, cada una con 200 a 300 militares, además del personal de 25 agencias secretas estadounidenses, encabezadas por la CIA y la DEA, que operan diaria y libremente para intervenir en el país “también en términos económicos, políticos, sociales y culturales”. “Todo esto es difundido como muy positivo por los medios de comunicación”, advierte.

Doctor en Estudios Políticos de la Universidad París VIII, Magíster en Historia y graduación en Economía de la Universidad Nacional, Renan Vega recuerda que “en los últimos 25 años, Colombia ha sido el tercer país con mayor inversión militar de Estados Unidos”, incorporando “con sus manuales, la lógica contrainsurgente y anticomunista, en los cuales enseñan a torturar, matar y desaparecer” a los opositores. Por su representatividad y conocimiento, el profesor formó parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas de la mesa de negociación de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Vega tiene más de 10 libros publicados, entre los que destacamos: Gente muy rebelde (4 tomos); Capitalismo y Despojo; Colombia y el imperialismo contemporáneo.

por Caio Teixeira y Leonardo Wexell Severo / Comunica Sul

LEONARDO –a partir de su amplia experiencia y sus estudios sobre la presencia militar estadounidense en territorio colombiano, ¿cómo evalúa su impacto en la soberanía, la estabilidad social y la garantía de los derechos humanos y constitucionales del país?

RENÁN – Vengo investigando la presencia de Estados Unidos no solo en términos militares sino en términos económicos, políticos, sociales y culturales a muchos años. Me refiero a mediados del siglo XIX, periodo sobre el que estudié el papel de Estados Unidos en la separación e independencia de Panamá de Colombia; en su responsabilidad por la Masacre delas Bananeras en diciembre de 1928 [cuando fueron asesinados más de 3.000 trabajadores colombianos de la multinacional estadounidense UnitedFruit Company, según el escritor Gabriel García Márquez]; el alineamiento automático con EE.UU. cuando Colombia participó en la Guerra de Corea a mediados del siglo pasado y, también, investigaciones dirigidas a distintos aspectos de la presencia estadounidense en nuestro país en los últimos 50 años.

Tal vez el estudio más sistemático que he presentado -y el más sintético- fue el informe que hice como parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas de la Mesa de negociación de paz entre el gobierno y las FARC-EP, en el cual evalué la presencia de los Estados Unidos en múltiples aspectos a lo largo de nuestra vida republicana hasta el día de hoy.

CAIO- ¿Cómo funcionan las estructuras operativas y administrativas de las fuerzas militares estadounidenses en Colombia? ¿Actuando bajo el mando de quién? ¿Cuál es el papel del gobierno colombiano en su actuación? ¿Ellas son autónomas? ¿Qué tipo de armamento y equipos tienen y qué amenaza representan para otros países de la región?

RENÁN- Bien, es un tema muy complejo porque hay dos realidades. Hay una realidad que se hace pública y una realidad real que es secreta. Entonces, lo que se conoce es poco, considerando la dura realidad de lo que no se conoce. Entre EEUU y Colombia hay pactos militares abiertos y otros secretos o poco conocidos. Desde mediados del siglo XX estamos hablando de la presencia continua, de prácticamente 80 años, durante los cuales Colombia se convirtió en el principal aliado de EE.UU. en la región y esepapel se fortalece en los últimos 25 años con la firma del denominado “Plan Colombia”, que fue redactado directamente por EE.UU., originalmente escrito en inglés y posteriormente traducido al castellano. A través de él se incrementa la presencia directa de EE.UU. en territorio colombiano.

En esos últimos 25 años, Colombia se convirtió en el tercer país más importante del mundo en términos de inversión militar estadounidense. En 2009, poco antes de finalizar el segundo gobierno de Álvaro Uribe, se hizo pública la firma de lo que apareció para la opinión pública como un tratado vergonzoso para el país y para América Latina, mediante el cual se abrían e instalaban siete bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Después, una decisión judicial contraria a la tomada en el país daba la impresión de que tales bases no podrían existir, no podrían funcionar. Pero en el gobierno de Manuel Santos se optó por otro tipo de política, que es la de permitir la llegada de militares estadounidenses que se muevenen el territorio colombiano como si estuvieran en su propia casa, sin que fuese necesario firmar acuerdos aprobados por el Senado o por diferentes órganos del Poder Ejecutivo de Colombia.

Entonces, cuando se dice que EE.UU. está presente con siete bases militares eso no es correcto, porque esa presencia es mucho mayor que en apenas siete lugares del territorio colombiano. Se ha hablado de la presencia estadounidense en más de 50 lugares, con más de 50 unidades militares. Aquí funciona lo que algunos estudiosos suelen llamar «casi bases». Ellas no se presentan como bases formales, aunque esas también existen, como lugares de tránsito, como lugares desde los cuales operan distintas fuerzas de Estados Unidos de manera permanente o manera temporal. Algunos investigadores aseguran que, diariamente, por el territorio colombiano se mueven entre 200 y 300 soldados estadounidenses partiendo de la base principal, que es la embajada estadounidense.

Pero como les digo, hay una serie de pactos secretos que no conocemos y hay aquí la presencia de 25 agencias secretas estadounidenses en territorio colombiano, entre las cuales, por supuesto, las más conocidas son la CIA (Central Intelligence Agency) y la DEA (DrugEnforcementAdministration), pero también, hay otra cantidad de agencias que se mueven libremente aquí sin ningún tipo de denuncia, sin ningún tipo de control. Incluso en este sentido, se presenta una imagen positiva por parte de los medios de comunicación que muestran esta presencia como garantía de seguridad en el territorio colombiano. Así, es muy difícil saber con exactitud, debido a su carácter secreto. Y tengo un dato que adicionar: ¡La embajada de los Estados Unidos en Venezuela funciona en Colombia! Recordemos que el país vecino rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y, poco tiempo después, con la aprobación del gobierno colombiano, Estados Unidos reabrió su embajada en Venezuela en la ciudad de Bogotá. ¿Y esto qué representa? Una serie de aparatos secretos y no tan secretos de sabotaje contra el gobierno venezolano que operan desde Bogotá con impunidad y desde aquí se planean todas las acciones contra el gobierno venezolano. El caso más conocido fue la Operación Gedeón, en mayo de 2020, cuando intentaron desembarcar en Venezuela mercenarios estadounidenses preparados en territorio de la Guajira colombiana, con participación directa de Estados Unidos, para asesinar al presidente Nicolás Maduro. [La operación fue desarticulada por el servicio de inteligencia venezolano y los mercenarios fueron muertos o presos]. Esto demuestra la magnitud de la presencia estadounidense en territorio colombiano, sin que necesite cumplir cualquier formalidad.

Por eso, es erróneo decir que están presentes solo en siete lugares, en siete bases, porque están presentes en muchos más lugares del territorio colombiano, en zonas estratégicas, especialmente en las regiones fronterizas con Venezuela. Se creó un dispositivo tenaz para cercar a Venezuela con bases militares que cubren todo el Caribe a partir del territorio colombiano. Este es un asunto que siempre tenemos que traer a colación cuando se trata de este tema.

LEONARDO – Existen informes de tortura y enseñanza de técnicas practicadas contra «fuerzas opuestas». ¿Esos casos pueden ser identificables? ¿Se relacionan con la Doctrina de Seguridad Nacional y la identificación de un supuesto «enemigo interno»?

RENÁN – Voy a iniciar por el final. Colombia está adherida a la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos desde mediados del siglo XX, y reproduce esta misma concepción desde la cual las Fuerzas Armadas se han nutrido, educado y formado en esta doctrina terriblemente anticomunista, creada durante el período de la Guerra Fría. . Tengo una tesis de que en Colombia la Guerra Fría no terminó, y que es uno de los pocos países del mundo, y el principal de América Latina, donde no terminó. Por lo tanto, el tratamiento de los temas de seguridad en Colombia se basa en una concepción contrainsurgente y anticomunista.

Y esta lógica la enseñaban los militares norteamericanos con sus manuales desclasificados [anteriormente sellados como reservados, confidenciales, secretos y ultrasecretos, no podían ser consultados], en los que efectivamente enseñaban a torturar y matar. Esto está documentado. Sabemos que hay excepciones, pero esta es la regla.

Sabemos que más de 50.000 militares y policías colombianos se formaron en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, en la cual se enseña, entre otras prácticas, a matar, torturar y desaparecer, y a ver a los que consideran «enemigos internos» como animales despreciables que si tienen que matar. Ese es el lenguaje utilizado en estos centros de formación.

Los militares colombianos reprodujeron esas enseñanzas de varias maneras, pero también han tercerizado este trabajo. Hay un sector que está directamente ligado a los militares, que son los paramilitares.

Hace como 20 años, cuando había cinco divisiones militares en el país, se redactó un documento llamado “La Sexta División”, que eran los paramilitares, vinculados al Ejército de Colombia. ¿Cuál es la particularidad de esta Sexta División? Que son las prótesis del Ejército de Colombia, auspiciados, financiados, formados y apoyados por Estados Unidos, que han realizado todo tipo de atrocidades que las Fuerzas Armadas, abiertamente, no pueden realizar legalmente. Entonces los paramilitares se encargan de cometer esos crímenes.

Matan y ejecutan de manera colosal, torturan, decapitan, cortan con motosierras y arrojan las cabezas de los oponentes a los cocodrilos, incluso los queman vivos en crematorios al estilo nazi. Todo esto se ha visto en el país durante los últimos 30 años. En todas estas prácticas delictivas tienen presencia directa el Ejército y las Fuerzas Armadas de Colombia [integradas por la Policía].

Voy a dar un ejemplo: hace pocos días fue noticia la extradición del jefe del Clan del Golfo, Dairo Otoniel Úsuga, conocido como Otoniel. El hecho es que Otoniel participó en una masacre tristemente célebre en Colombia, que vacumplir 25 años, realizada en julio de 1997. La Masacre de Mapiripán fue la ejecución a sangre fría, con procedimientos sádicos, de campesinos en un pueblo de los llanos orientales del país.

¿Cómo se llevó a cabo esta masacre? En aviones del Ejército de Colombia se transportaron paramilitares que estaban del otro lado del país, en Antioquia. Fueron conducidos al lugar de la masacre donde en ese momento se desarrollaban operaciones conjuntas entre boinas verdes del Ejército de los Estados Unidos y de Colombia. El hecho es que por ahí pasaron los paramilitares responsables de la masacre.

Poco antes de ser extraditado, Otoniel recordó esta masacre, dando los nombres completos de los militares colombianos que participaron de esta acción. Tenemos entonces la misma conjunción de fuerzas: paramilitares, Ejército de Colombia y fuerzas estadounidenses que estaban implementando cursos de capacitación para matar guerrilleros, y lo que mataron fueron “guerrilleros civiles”, como ellos los llaman, “cómplices de terroristas”, como dicen en el idioma actual.

Esos soldados que se aliaron con los paramilitares y que hicieron posible la masacre, dijeron que le habían dado una lección a laguerrilla. ¿Y cuál fue esa lección? Decapitar, torturar, masacrar a niños, mujeres, ancianos y jóvenes. Allí fueron asesinados más de 60 colombianos, con la complicidad y participación directa de paramilitares y el Ejército de Colombia. El batallón del Ejército de Colombia que acogió a los paramilitares estaba siendo formado doctrinariamente por boinas verdes estadounidenses. Este es un ejemplo muy concreto, uno entre muchos. Ejemplos como este se repiten con masacres en todo el territorio colombiano en los últimos 40 años. Más recientemente, en marzo, tuvimos la masacre de Putumayo, en la que fueron asesinados 11 campesinos colombianos acusados ​​de ser miembros de la disidencia de las FARC. Esta fue la última masacre llevada a cabo a plena luz del día.

CAIO – El Plan Colombia se creó con la excusa de combatir el narcotráfico en Colombia, pero hoy se ve claramente que aún con todo este operativo militar y de inteligencia de Estados Unidos, el narcotráfico sigue creciendo. ¿Usted cree que el pueblo colombiano empieza a entender esta farsa y por eso Gustavo Petro lidera las encuestas para la elección presidencial del 29?

RENÁN- Bueno, empecemos con el Plan Colombia, que era un montón de mentiras y falacias. Siempre se ha dicho, hasta en los más renombrados estudios académicos, que se trataba de un plan contra las drogas, cuando en realidad, desde un principio, fue concebido como un plan contrainsurgente que pretendía destruir las bases sociales de la guerrilla, que en ese momento era muy fuerte en Colombia y que se encontraba principalmente en el territorio al sur de nuestro país. El Plan Colombia fue diseñado para eso. Pero se disfrazó bajo la bandera de la lucha contra la producción y comercialización de estupefacientes. Esto quedó claro cuando se transfirieron recursos económicos y armas para supuestamente combatir el narcotráfico, que, en realidad, fueron transferidos directamente para combatir el “terrorismo”, nombre que pasó a usarse después del 11 de septiembre y que sirvió precisamente para tratar de confundir a la opinión pública.

En ese momento, muchas personas, incluyéndome, denunciamos el verdadero carácter del Plan. Los hechos nos dieron la razón. Al final, las Fuerzas Armadas afirmaron que fue una operación exitosa, no en términos de narcóticos, sino en términos de contrainsurgencia. La tesis defendida por las Fuerzas Armadas colombianas es que el Plan Colombia obligó a las FARC a sentarse a la mesa de negociación. Esto se presenta como una derrota de las FARC frente a la autoridad de las Fuerzas Armadas. El narcotráfico era accesorio, secundario. El Plan Colombia militarizó a nuestra sociedad de manera impresionante, propiciando el crecimiento de las Fuerzas Armadas colombianas a niveles impensables.

Estas fuerzas cuentan hoy, incluida la Policía que en nuestro país es militar, con un contingente de 500 mil efectivos, constituyendo uno de los dieciséis ejércitos más grandes del mundo. Pero no es solo eso. Alrededor de las fuerzas militares hay un poder impresionante a nivel social, a nivel civil, ya que tienen emisoras, universidades, hospitales, líneas aéreas, empresas de transporte, bancos. Por lo tanto, son una fuerza muy poderosa en un país que pregona la condición de nunca haber tenido dictaduras, aunque el poder de los militares es inimaginable.

Esto se manifestará en el próximo gobierno, independientemente de quién gane las elecciones, ya se están sintiendo los primeros indicios de que las Fuerzas Armadas de Colombia, y ciertamente las de EE.UU., no están satisfechas con la posibilidad de la victoria de Gustavo Petro. Ya han comenzado a mostrar este inconformismo, incluso difundiendo rumores de que habrá un golpe de Estado a través del no reconocimiento del resultado electoral. Esto es muy posible en Colombia porque aquí el fraude electoral es “el pan de cada día”. Que haya fraude en estas elecciones ni siquiera sería novedad. Sería novedad si no hubiese fraudes. La cuadrilla que llegó a la presidencia en 2018 solo llegó por fraude electoral.

El fraude electoral no solo es posible como tal, sino también por el no reconocimiento del resultado de las elecciones en caso gane Gustavo Petro. Así como por todas las fuerzas que se mueven detrás para presionar y chantajear y que se están moviendo en este momento y que son las Fuerzas Armadas. Su comandante, Eduardo Zapateiro, manifestándose políticamente, algo que está prohibido por la Constitución, ha dicho que no reconocería una victoria de Petro y que había muchos “zapateros” dispuestos a oponerse a que un exguerrillero llegara a la presidencia. Que no están dispuestos a aceptar que se toque nada de la estructura desigual de la sociedad colombiana. Esta es la imagen actual, hablando franca y directamente.

LEONARDO – Dentro del Plan Colombia hay muchos ejemplos de atrocidades. ¿Gustaría que hablara de las ejecuciones de miles de civiles como si fueran guerrilleros, los llamados falsos positivos?

RENÁN –Estos “falsos positivos” son un eufemismo, una mentira, son asesinatos de Estado. Mucho menos fueron ejecuciones extrajudiciales, un término equivocado porque en el país no existe la pena de muerte. Son delitos de Estado. Son viejos en el país, no empezaron con el Plan Colombia, es una práctica vieja del Ejército de Colombia. Pero cobraron fuerza y ​​se generalizaron en los dos gobiernos de Uribe, bajo la lógica de que la guerra se gana con litros de sangre del adversario.

Así que era necesario que se presentara mucha sangre enemiga. ¿Y qué hicieron? Muchos colombianos fueron disfrazados de guerrilleros, incluso personas con enfermedades mentales y discapacidades físicas fueron masacradas. La cifra no se sabe con exactitud, la Jurisdicción Especial para la Paz habla de 6.500 muertos, pero en realidad pueden superar los 12 o 15 mil. Las muertes se generalizaron para decir que el Estado colombiano estaba ganando la guerra contra la guerrilla, especialmente contra las FARC. Los asesinatos se generalizaron.

Esto fue presentado como algo muy positivo frente a la opinión pública, que inicialmente aceptó la idea, pero ahora surge una crítica a estos crímenes, aunque sin llegar a los altos responsables. ¿Y quiénes son esos altos responsables? Los presidentes de la República, varios… Comenzando con Álvaro Uribe (2002-2010), pero también con Juan Manuel Santos (2010-2018) y actualmente con Iván Duque. En otras palabras, casi todos los presidentes de los últimos 50 o 60 años son responsables de estos asesinatos estatales. Pero se establecieron números limitantes para que los responsables directos fueran juzgados. De esta forma, no parece haber justicia para condenarlos, aunque exista la documentación necesaria para que esto suceda.