Para abordar el tema de la Comunicación y la legislación en contextos digitales, la situación del acceso a la red en América Latina y el Caribe y el impacto del rasante crecimiento de la Economía de Plataformas sobre los derechos humanos, se realizó un nuevo webinario en la continuidad de la serie denominada “Tendencias y Alternativas en la era digital”.
El ciclo es organizado por Internet Ciudadana, un espacio de confluencia de organizaciones sociales, activismos, comunicadores y académicos, cuyo objetivo es la democratización de las Tecnologías de Información y Comunicación y la incidencia de la base social en las modalidades de la red Internet, hoy cooptada por los poderes corporativos transnacionales.
A modo de apertura, Sally Burch (ALAI) recordó en calidad de moderadora, que al constituir en la actualidad Internet un espacio de organización, difusión de ideas, contenidos y propuestas de sociedad, encontrándose hoy en gran parte bajo control corporativo, “la lucha por recuperar y mantener el control de la tecnología y las plataformas digitales es una condición esencial del proceso democrático y de las luchas sociales.”
Comunicación y legislación en el contexto digital
En la primera intervención del panel, la periodista brasileña Renata Mielli Vicentini habló sobre Comunicación y legislación en el contexto digital.
“La Internet, y en particular el surgimiento de las redes sociales, permitió una expansión de voces en el espacio público, rompiendo el paradigma de que la comunicación masiva pasaba de un emisor a millones de receptores”, señaló, precisando que la polifonía multidireccional que se estableció trajo también consigo “mucho contenido de baja calidad, mucha desinformación, mentiras y confusión”, afirmó.
Este mar de información es estimulado por el modelo de negocio de estas plataformas de Internet, basado en interacciones y recogida de datos, convirtiendo a los usuarios en sus activos.
Mielli hizo referencia a que la oferta “gratuita” de aplicaciones como Facebook y WhatsApp, confinan a las personas a estas redes y reducen las posibilidades de consultar información e incluso confrontar opiniones por la propia dinámica de esas plataformas. Estas asumen “la tarea de «curadores» del contenido disponible, ya sea por acción económica (impulso y patrocinio), por acción algorítmica (a partir de datos personales y aprendizaje automático), por compromiso orgánico (de movilización de liderazgo)”, puntualizó.
La coordinadora general del Fórum Nacional pela Democratizaçao de la Comunicaçao recalcó que “esta mediación algorítmica –que se produce de forma invisible, dirigiendo el contenido que recibe cada usuario en función de la recogida de sus datos personales generados a partir de una cadena continua de interacciones– delimita las opciones y dirige la mirada de los usuarios y grupo de usuarios, reduciendo la realidad y las posibilidades de acción, en un proceso de modulación de la conducta.”
Si no se modifican las reglas de uso de datos personales, si se mantiene la concentración económica, la opacidad y la ausencia total de obligaciones de transparencia sobre el desempeño de las plataformas privadas y no se produce un amplio debate sobre la gobernanza de los algoritmos, la tendencia será la profundización del poder de estas plataformas, que ya es mayor que el de los estados nacionales. Esta tendencia será la de una “sociedad marcada por el control y la vigilancia, donde las personas pierden por completo la autonomía sobre sus vidas”, afirmó
La comunicadora señalizó que, sin embargo, estaría creciendo cierta percepción en la sociedad sobre la necesidad de enfrentar esta situación, principalmente por el rol que el uso malintencionado de las redes sociales y la difusión de la desinformación tuvieron en los recientes procesos electorales. Hay nuevos grupos de investigación, organizaciones de la sociedad civil, activistas en el mundo digital, organizaciones internacionales, los mismos Estados, que están analizando y trabajando en estos procesos.
Para Mielli, la construcción de alternativas entre, otros factores, está en:
-Enfrentar el monopolio y la concentración de la propiedad, a través de una extensa agenda en discusión que involucra el problema de la jurisdicción internacional, la legislación anti-trust, los incentivos y la protección de competencia.
— El debate sobre los datos – a partir de la discusión sobre protección de datos personales – con mayor tradición en algunos países y menos en otros – que necesita pasar a la discusión de propiedad y ver los datos como un bien común, no como una mercancía capitalista.
— El debate sobre regulación de plataformas – para avanzar en obligaciones de transparencia, debido proceso y mayor empoderamiento y derechos de los usuarios.
Para finalizar, la también integrante de la Coalición Derechos en la Red se refirió al proyecto de ley en el Congreso, que nació con el propósito de enfrentar las fake news, pero que gracias a la incidencia de los activistas de la sociedad civil tomó la forma de una propuesta que avanza creando dispositivos para regular la actividad de estas plataformas en relación a flujos y dinámicas de circulación de contenido.
El esfuerzo de la articulación de organizaciones fue cambiar el enfoque del proyecto, que inicialmente estaba en el análisis del contenido publicado, a un proyecto que se enfocara en el comportamiento ilegítimo y el uso abusivo e ilegal de los recursos económicos, además de ampliar las obligaciones de transparencia.
En apretada síntesis, la presión de la coalición de apuntó a excluir el concepto de desinformación, reducir dispositivos que imponían obligaciones de moderación de contenidos para las plataformas, al tiempo de ampliar sus obligaciones de transparencia, principalmente en temas relacionados con la promoción y otras formas de utilizar los recursos económicos para ampliar el alcance y visibilidad de los contenidos, con el fin de identificar al responsable de la promoción.
Junto al intento de exigir la incorporación de dispositivos que avancen en la transparencia de algoritmos, otras reivindicaciones son la inclusión de medidas para asegurar el debido proceso legal en los procedimientos de moderación, notificación y posibilidades de recurso y reparación en caso de errores. Asimismo prohibir la comercialización y el uso de aplicaciones de disparo de mensajes en aplicativos como WhatsApp; el establecimiento de un organismo multisectorial para monitorear la aplicación de la ley y desarrollar un código de conducta para plataformas – creando un modelo de Co-regulación -, para detallar las obligaciones con las redes sociales como también normas para la actuación de los poderes públicos, representantes y servidores públicos en las redes sociales.
A pesar de estos avances, el proyecto aún conlleva riesgos potenciales para la privacidad y seguridad de los usuarios, al permitir medidas de retención de metadatos en la cadena de reenvío de todos los usuarios de los servicios de mensajería, como también un riesgo a los defensores de derechos humanos y otros sujetos que utilizan las redes como plataforma para denunciar o expresar a las minorías, al contener requisitos de identificación vinculados a documentos de perfil válidos junto a a intención de incluir disposiciones de penalización en la ley.
“A pesar de ésto y del momento difícil para la realización de este debate en el contexto de la pandemia fue posible avanzar en confrontar el sentido común en temas tan complejos”, concluyó.
El acceso a Internet y el estado de la digitalización en América Latina y el Caribe en contexto de pandemia
A su turno, Alfredo Moreno, ingeniero en ARSAT y profesor de TIC en la Universidad Nacional de Moreno en Argentina, delineó los trazos esenciales del tema del acceso a Internet y el estado de digitalización en América Latina y el Caribe en contexto de pandemia.
Indicó que en términos de infraestructura de telecomunicaciones y conectividad digital, se observa un incremento exponencial del tráfico de Internet y una baja calidad de los servicios que prestan las operadoras privadas de los servicios de banda ancha fija y móvil.
El experto señaló que dada la importancia del acceso a internet y la sostenibilidad de las conexiones, la preservación de niveles de calidad adecuados por parte de operadores privados debe estar orientada por los reguladores de la región.
El desarrollo del ecosistema digital en América Latina y el Caribe se encuentra en un nivel de intermedio respecto a otras regiones del mundo. La región se encuentra en una posición intermedia con un respecto a África y Asia Pacífico, estando aún rezagada respecto a Europa Occidental, América del Norte, Europa del Este y los Estados Árabes.
La infraestructura digital y el grado de digitalización de las sociedades latinoamericanas no es acorde a la demanda generada en relación a calidad y acceso de los servicios de telecomunicaciones para las demandas de teletrabajo, telesalud, teleeducación y teleentretenimiento, explicó Moreno.
Desde mediados de la década de los 90 el despliegue de servicios en telecomunicaciones fue guiado por políticas de mercado brindando servicios caros y malos solo en ciudades de alta concentración urbana o poblaciones con altos niveles de ingresos económicos, lo que generó una amplia brecha digital.
Según el estudio titulado “Las oportunidades de la Digitalización en América Latina frente al COVID-19” (realizado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) junto a CEPAL, DPL y Telecom AdvisoryServices), la región tiene un 67% de la población conectada a internet. La mayoría de los países registran una penetración superior al 60% en áreas urbanas. En los países con mayor conectividad, la penetración en el área rural llega al 40% de la población, mientras que en los de menor desarrollo digital la penetración es del 10% de la población.
Sin embargo, la penetración del servicio no es equivalente a la calidad de conexión. Motivado por un aumento de trabajo en la nube (incremento del 80% del tráfico) y las videoconferencias, la capacidad de los enrutadores en los hogares está saturada. Es importante exigir la garantía de calidad de servicios (SLA) al cual se compromete la empresa prestadora, aseveró el especialista.
La infraestructura de telecomunicaciones es fundamental a la hora de definir factores que van desde la igualdad de oportunidades para el acceso a los servicios basados en TIC, hasta el nivel de desarrollo de iniciativas innovadoras y emprendedoras en las áreas de las políticas públicas y la participación ciudadana.
En este contexto, expresó el investigador, “la ineficiencia de origen que registra el régimen regulatorio basado en el mercado con gestión privada de operadores de red en competencia, que obliga a una superposición de infraestructura, ha profundizado su crisis en todo el mundo.”
Políticas públicas orientadas a la regulación de estos servicios, son determinantes a la hora de asegurar la universalidad del servicio y garantizar la interconexión de las redes. De no ser así, esto mantendría una cobertura restringida, como la actual, a lugares en los que por nivel de población y actividad resultase rentable hacerlo.
“En el contexto actual, motorizado por el desarrollo tecnológico, nuestra región necesita de Estados con políticas públicas que promuevan un modelo de desarrollo soberano con integración regional, para la operación de las infraestructuras de telecomunicaciones sobre las que se asienta el pasaje de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento”, sentenció
Economías de plataformas. Lecturas de precarización y resistencia.
A su turno, la investigadora y militante feminista Kruskaya Hidalgo Cordero, expuso desde Ecuador sobre las llamadas Economías de plataformas y su impacto desde la perspectiva del trabajo y de género.
Hace algunos años era impensable pedir bienes y servicios a domicilio haciendo solo un click de celular. Ahora, a través de una aplicación, podemos pedir desde comida, hasta transporte, desde medicamentos, hasta productos de belleza. Sin embargo, detrás de estas aplicaciones móviles y estos avances tecnológicos, existen personas que trabajan en plataformas digitales. ¿Pero qué son estas plataformas? ¿Cómo funcionan? y ¿Qué condiciones laborales tienen las personas que trabajan en ellas?, inquirió.
Gig economy, economía de plataformas, uberización de la economía y capitalismo de plataforma, son algunos de los términos con los que se hace referencia a un modelo de negocios específico, en el cual las relaciones laborales vienen mediadas por interacciones digitales a través del uso de aplicaciones de celular. Así se atomizan las relaciones humanas porque desaparece el contacto directo con compañerxs de trabajo, no queda claro quién es jefx, quién evalúa el desempeño laboral, si eres reconocidx como trabajadorx, o cómo puedes organizarte para reclamar por tus derechos laborales. “Es decir, estas aplicaciones no solo han cambiado las formas de producir bienes y servicios, sino también, desdibujan las relaciones de dependencia y responsabilidad laboral”, precisó la integrante del Observatorio de Plataformas.
Las economías de plataformas se definen como mediadoras entre lxs proveedores del servicio, los establecimientos y lxs clientes. De esta manera, triangulan esas relaciones laborales y a su vez, controlan totalmente sus interacciones. Todo esto mientras se desligan de cualquier relación de dependencia con lxs trabajadorxs. Además, detrás de esta aparente “mediación”, existen algoritmos que determinan el funcionamiento de la plataforma, controlan los patrones de la oferta y la demanda del servicio y comercializan nuestros datos.
Es un error creer que la tecnología es neutral. La tecnología está hecha por seres humanos. Personas de carne y hueso con prejuicios específicos, elecciones determinadas, ideologías, creencias, deseos, sentires. Por lo tanto, la tecnología – y en este caso los algoritmos – contienen prejuicios ya existentes en la sociedad, por ejemplo, presunciones racistas, sexistas o xenófobas. Estos algoritmos son los que funcionan como jefes evaluadores del desempeño.
Para entender la magnitud de opresiones detrás de estos modelos de negocio, debemos aplicar análisis interseccionales que nos indican que la mayoría de las personas que trabajan en estas aplicaciones son migrantes y que existe una extrema vulneración de los derechos laborales. No son reconocidos como trabajadores, no cuentan con seguridad social, seguro de accidentes, permiso, vacaciones, licencia de maternidad.
A su vez, estas son actividades muy masculinizadas, lo que dificulta la inserción de mujeres en la actividad. Por lo demás, las mujeres sufren de acoso sexual constante, concluyó.
Al par de invitar a participar en el proceso de las Jornadas “Utopías o Distopías. Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital”, actualmente en curso, los organizadores del ciclo de webinarios informaron sobre la realización de una nueva edición hacia mediados de Septiembre.
