La Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados consideró ineficiente el trabajo de las dependencias federales encargadas de la protección a periodistas y exigió la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el apoyo de organismos internacionales para frenar la violencia contra los comunicadores.
Los periodistas no pueden convertirse en una estadística más, exigimos la atención inmediata al Presidente de la República y del apoyo de organismos internacionales para que cese la violencia contra la prensa mexicana”, dijo Brenda Velázquez, presidenta de la comisión.
El pronunciamiento ocurre un día después de que el periodista veracruzano, Cándido Ríos Vázquez, fuera asesinado en Hueyapan de Ocampo, a pesar de estar bajo el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Roberto Campa.
La legisladora panista calificó de inaceptable e ineficientes las medidas de seguridad que brinda el Mecanismo para la presunta protección de los informadores y exigió a Roberto Campa que garantice la seguridad, la vida y el respeto a la libertad de expresión de los periodistas.
En un comunicado, Brenda Velázquez dijo que desde la instalación de la comisión, el 30 de noviembre a la fecha, ocurrieron 13 homicidios de periodistas que permanecen impunes sin que el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, Ricardo Sánchez Pérez, rinda un informe de los avances de la investigación.
“Ricardo Sánchez Pérez asumió la titularidad de la FEADLE y aún no tenemos conocimiento de las medidas implementadas para fortalecer la institución y frenar la ola de homicidios; en cambio, han ocurrido seis homicidios en su encargo, tenemos los mismos resultados: no existen avances significativos en las investigaciones, no existe captura alguna de los responsables de los homicidios y hasta el momento el nuevo FEADLE no ha emitido sentencia alguna”, subrayó la legisladora.
La diputada recordó que de acuerdo con el primer informe semestral de la organización Artículo 19, cada 15.7 horas es agredido un periodista en México y en 50 por ciento de los casos, el responsable es un funcionario público.
La organización documentó 276 agresiones contra la prensa en los primeros seis meses del año.
Al condenar el asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, colaborador del Diario de Acayucan, en el estado de Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno una investigación exhaustiva y expedita “para que este homicidio no quede impune, sin omitir la línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico”.
Además, el organismo solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Veracruz que implemente las medidas cautelares necesarias para proteger a la familia de Cándido Ríos Vázquez, a efecto de salvaguardar su integridad física, así como también se les brinden medidas de contención emocional.
“Tal solicitud se formuló al cumplirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, y tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 18, fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como en los artículos 3, 6, fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno”, señaló la CNDH.
Además, consideró que se trata de un hecho inaceptable y reprobable, que lastima a la sociedad mexicana en su conjunto, porque afecta la libertad de expresión y al pilar de la democracia mexicana.
La Comisión dijo que envió a la ciudad de Hueyapan, Veracruz, visitadores adjuntos para sostener reuniones con los familiares y colegas de Ríos Vázquez, así como con autoridades municipales y estatales.
“El homicidio de Cándido Ríos es el noveno de un periodista en este año y se suma a los casos de Cecilio Pineda, de La Voz de Tierra Caliente; Ricardo Monlui, de El Político y El Sol de Córdoba; Miroslava Breach, de La Jornada y el Norte Digital; Maximino Rodríguez, del Colectivo Pericú; Filiberto Álvarez, de La Señal de Jojutla; Javier Valdez, de Riodoce y La Jornada; Jonathan Rodríguez, de El Costeño de Autlán, y Salvador Adame, Canal 6 Media TV”, recordó.
La CNDH reiteró su pronunciamiento en favor de generar una política pública integral de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, “que propicie un entorno adecuado para el desarrollo de sus labores y permita brindarles una protección real, digna y pertinente, con independencia de su lugar de residencia, género, origen étnico preferencia u orientación sexual o ámbito en que lleven a cabo sus actividades.
“Sólo mediante el compromiso permanente de las autoridades de los tres niveles de gobierno podrá romperse el ciclo de violencia contra periodistas y defensores en nuestro país, y generarse condiciones propicias para que la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos puedan desarrollarse de manera libre y segura”.
A 100 días del asesinato del periodista de Riodoce, Javier Valdez, colegas del medio que fundo y de otros más, así como amigos y familiares grabaron un video en el que exigen justicia.
“Se cumplen 100 días de impunidad. La fiscalía especial de la PGR y el gobierno de Sinaloa no han esclarecido el crimen. ¿Quiénes y por qué mataron a Javier Valdez?” dicen en el video amigos y familiares del periodista quienes afirman también que seguirán insistiendo en el reclamo de justicia.
Javier Valdez fue asesinado el 15 de mayo, a unas cuadras de Ríodoce, en Culiacán, el semanario que fundó y dedicado a investigar el narcotráfico.
A la fecha, ni la Fiscalía de Sinaloa ni la Procuraduría General de la República han resuelto el crimen, señalado a sospechosos, o realizado detención alguna.
El homicidio del periodista ocurrió poco después de que entrevistara a Dámaso López “El Licenciado”, quien luego fue detenido en la capital del país, por lo que una de las líneas de investigación es precisamente que haya sido ordenado por el narcotraficante o por “Los Chapitos”, sus rivales dentro del Cártel de Sinaloa.
Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) perdió investigaciones y testimonios de ex fiscales y ex procuradores en los casos de agresiones y asesinatos contra periodistas en el estado.
La presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza, informó que en la revisión de los casos detectaron que la pasada administración de la Fiscalía las investigaciones se quedaron estancadas o hubo información y testimoniales que no fueron integradas a las carpetas.
“Hubo un muy mal manejo de los expedientes en la administración anterior; hay pruebas que se han perdido, testimonios que se han perdido y es increíble que haya más avances en las investigaciones que se hicieron a nivel periodístico por parte de algunos compañeros que lo que está asentado en las actas”.
Detalló que hubo de la casi veintena de casos de asesinatos, algunos en los que se llamaron a declarar a autoridades; sin embargo, estas declaraciones no aparecen en las actas y en otros, aunque los casos fueron resueltos, hay inconsistencias en la investigación.
“Hubo declaraciones oficiales del Gobierno anterior de parte del Procurador o el Fiscal y resulta que eso no está asentado en las investigaciones y que serían datos importantes; algunos que se han dado por resueltos, pero al revisar las carpetas de investigación resulta que no coinciden”.
Por ello, solicitaron al fiscal general Jorge Winckler Ortiz que se realicen mesas regionales para analizar caso por caso, ya que reprochó que hay muchos que han quedado rezagados y es necesario actualizarlos.
“Mientras prevalezca la impunidad es una patente como decir que si se ataca a un periodista no va a pasar nada porque no avanzan las investigaciones y quien haya sido el criminal continúa en la calle”.
Además, reconoció que actualmente al menos 18 periodistas tienen medidas cautelares de mayor intensidad dadas las amenazas que han recibido en su contra, y que otros 50 tienes diversas medidas de seguridad, aunque acotó que son “menores”.
“Tenemos a 18 compañeros con medidas cautelares más fuertes y tendríamos otros 50 que tienen otros tipos y niveles de medidas de seguridad. La mayoría por amenazas, derivadas de su trabajo periodístico que hacen”.
Pérez Mendoza dijo que la mayoría de periodistas bajo amenaza solicita una guardia personal, pero aseguró que no en todos los casos se otorga porque “no siempre es lo óptimo”.
“Nosotros implementamos algunas otras medidas porque muchas veces la presencia de extraños en la vida cotidiana interfiere en su trabajo y en la tranquilidad de su familia. Tratamos de que sean medidas de seguridad no tan invasivas, sino que sean sobre todo eficientes”.
En riesgo, periodistas en el sur
La presidenta de la CEAPP reconoció que aunque en Veracruz el ejercicio periodístico enfrenta amenazas, son aquellos reporteros instalados en la zona sur los que se enfrentan a mayores conflictos.
Lo anterior, pues dijo que hay casos en que las agresiones se relacionan con la delincuencia organizada y en otros con los “caciques” que gobiernan la zona.
“Desafortunadamente, el nivel de violencia que se vive en algunas regiones es muy fuerte; la zona sur se enfrenta a un entorno por los delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada, desde el tráfico de migrantes, del robo de gasolina, robo de tráileres, el tráfico de estupefacientes y por los secuestros. Los compañeros que están en esas regiones tienen condiciones de seguridad muy distintas en seguridad que, por ejemplo, los de Xalapa”.
Añadió que la CEAPP busca reforzar la seguridad de los periodistas, a través de la capacitación para evaluar los posibles riesgos de acuerdo con el trabajo.
En lo que va del año 2017, suman ya 10 asesinatos contra periodistas en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión. Conoce a continuación quienes eran estos comunicadores.
1. Cecilio Pineda, 39 años
Asesinado el 2 de marzo por un grupo armado mientras descansaba en una hamaca de un lavadero de autos cerca de su casa, en Tierra Caliente, una violenta subregión del estado de Guerrero (sur).
Pineda, que había denunciado amenazas en redes sociales y logró eludir un ataque en 2015, cubría información policíaca, era director del periódico regional La Voz y colaborador del diario nacional El Universal.
2. Ricardo Monlui, 57 años
Asesinado a tiros el 19 de marzo cuando salía acompañado de su esposa y su hijo de un restaurante del estado de Veracruz (este), considerado por organismos internacionales como el más peligroso del país para ejercer el periodismo.
Monlui era director del diario El Político y también autor de una columna sobre temas relacionados con política regional.
3. Miroslava Breach, 54 años
Su cadáver fue hallado el 23 de marzo con múltiples impactos de bala en la cabeza en el interior de un vehículo en Chihuahua, capital del estado homónimo en el norte de México.
Reportera de los diarios La Jornada y el Norte de Juárez, llevaba más de 20 años dedicada a investigar crimen organizado, narcotráfico y casos de corrupción en el gobierno de Chihuahua.
4. Maximino Rodríguez, 71 años
Asesinado a balazos el 14 de abril cuando llegaba en su vehículo acompañado de su esposa a una tienda de La Paz, capital del turístico Baja California Sur (noroeste).
Desde una camioneta, varios individuos abrieron fuego contra el reportero del Colectivo Pericú, especializado en temas policíacos. Su cuerpo sin vida quedó en el interior de su automóvil, mientras su esposa resultó ilesa.
5. Javier Valdez, 50 años
Asesinado a balazos el 15 de mayo cerca de las instalaciones de Ríodoce, el semanario que fundó en Culiacán, capital del violento estado de Sinaloa (noroeste), cuna de los grandes narcotraficantes de México.
El cadáver de este colaborador de la AFP y reportero del diario La Jornada quedó tendido en plena calle. Valdez era un reconocido reportero especializado en crimen organizado y narcotráfico.
Su última colaboración con la AFP fue sobre la guerra interna entre varias facciones del cártel de Sinaloa desde la extradición a Estados Unidos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
6. Jonathan Rodríguez Córdoba, 26 años
Asesinado el 15 de mayo cuando el vehículo en el que viajaba con su madre Sonia Córdoba, subdirectora del semanario El Costeño -en el que Jonathan trabajaba-, fue atacado por cinco sujetos armados en Autlán de Navarro, estado de Jalisco (oeste).
Su padre Héctor Rodríguez, director de El Costeño, contó que Jonathan y su madre salieron de compras cuando fueron atacados. Uno de los agresores abrió la puerta del coche y disparo cuatro veces contra el joven. Su madre sobrevivió.
7. Salvador Adame, 44 años
El 26 de junio, las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de Salvador Adame, luego de que fuera secuestrado el 18 de mayo en el convulso estado de Michoacán (centro).
Su cuerpo calcinado, identificado tras pruebas de ADN, fue localizado el 14 de junio por las autoridades en la zona Barranca del Diablo, sobre la carretera que une los pueblos de Lombardía y Nueva Italia.
Adame, propietario del Canal 6 de televisión local, fue asesinado y posteriormente quemado por órdenes de un líder delincuencial apodado “El Chano Peña”, que opera en la región de Tierra Caliente de Michoacán, según la fiscalía.
8. Edwin Rivera Paz, 28 años
Este camarógrafo hondureño, que buscaba refugio en México porque temía por su vida tras el asesinato de un colega periodista con el que trabajaba en su país, fue asesinado el 10 de julio en Veracruz, tras ser atacado por sujetos que viajaban en una motocicleta en el municipio de Acayucan.
El gobierno hondureño confirmó que Rivera, quien trabajaba en Honduras como director de cámaras para el programa de internet “Los Verduleros”, estaba tramitando el estatus de refugiado en México.
9. Luciano Rivera, 33 años
Asesinado el 31 de julio durante una riña en un bar del municipio Playas de Rosarito, en Baja California. En principio se dijo que su muerte nada tenía que ver con su trabajo, pero luego algunos colegas dijeron que pudo haber sido una ejecución.
10. Cándido Ríos, 55 años
El reportero, que cubría la fuente policial en el Diario de Acayucan, fue atacado a tiros el 22 de agosto junto a un ex jefe de la policía y a otra persona no identificada, cuando estaban afuera de una tienda en el pueblo de Covarrubias, unos 200 kilómetros al sureste del puerto de Veracruz.
Ríos, conocido entre sus colegas como “Pavuche”, falleció mientras era trasladado al hospital debido a las heridas de bala de alto calibre que recibió, según dijeron a la AFP fuentes conocedoras del caso.