El lunes 30 de enero, el gobierno argentino dio a conocer el decreto Nro 70/2017 firmado por Mauricio Macri, que reforma la ley de Migraciones 25.871/2003 y habilita deportaciones sumarias de extranjeros que hayan cometido delitos, aún si no tuvieran condena firme.

Este decreto tiene lugar luego de una intensa campaña de estigmatización de las personas migrantes, basada en la manipulación de los prejuicios a través de datos falsos. Los propios considerandos incluidos en el decreto son un ejemplo de este intento por instalar la idea de que las personas extranjeras son “amenazas” para el resto de la población, al enfatizar datos parciales justificatorios de la xenofobia, ampliamente reproducidos por los medios de propaganda aliados al gobierno. Por ejemplo, el dato de que el 21,35% de la población carcelaria en el Sistema Penitenciario Federal es de origen extranjero, omitie que si se considera el sistema carcelario en su conjunto, sólo el 6% es de origen extranjero.

A su vez, las estadísticas cuentan a todos los extranjeros detenidos como si fueran migrantes, lo cual no necesariamente es así: la mayoría de las personas detenidas por delitos vinculados al narcotráfico son detenidas en tránsito con estupefacientes, pero eso no significa que estén residiendo en Argentina. La propaganda, a través de la repetición, enfatiza que “los migrantes están detrás del tráfico de drogas”. Sin embargo, la realidad es otra. Las personas extranjeras detenidas por drogas son 1426, apenas el 0,06% de las personas extranjeras que viven en el país.

El objetivo de esta deliberada confusión es consolidar una matriz de opinión fascista, en línea con la sostenida en el resto del mundo con los principales ejemplos de los Estados Unidos e importantes países de Europa, que asignan la responsabilidad de los problemas económicos y sociales a la migración, promoviendo un enfrentamiento entre los pueblos del mundo.

De esta manera se pretende ocultar el efecto de las políticas neoliberales: desempleo y miseria para cada vez más habitantes del suelo argentino. A su vez, también se quita de foco el rol de las fuerzas de “seguridad” en la gestión del sistema delictivo, algo que es ampliamente conocido, en particular en cuanto a los negocios más rentables como el tráfico de drogas y de personas.

Consideramos que esta medida es una avanzada más en la política derechista que viene llevando el gobierno de Macri, un verdadero retroceso en todos los sentidos para el conjunto de la población.

Llama la atención que el gobierno y los medios privados de comunicación apunten hacia la población migrante de países hermanos y vecinos, mientras eluden investigar la situación en que se hallan los delincuentes “de guante blanco” argentinos y de otras nacionalidades. Este es el caso, pro ejemplo, del padre del presidente Macri, de origen italiano e involucrado en el lavado de dinero, al igual que el presidente y varios de sus familiares, amigos y funcionarios cercanos.

Nuestro país tiene una larga historia de puertas abiertas a las y los migrantes de diferentes nacionalidades, consagrada incluso en el Preámbulo de la propia Constitución Nacional. Desde las organizaciones que hacemos parte de ALBA Movimientos en Argentina, tendemos una mano a las familias migrantes que habitan en nuestro país y exigimos la derogación del decreto 70.

La migración no es un peligro, la xenofobia sí