En paso clave para cerrar el acuerdo con los fondos buitre, el oficialismo obtuvo, con el apoyo del massismo y del peronismo dialoguista, dictamen favorable del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados al proyecto que deroga la ley Cerrojo y el Pago Soberano, aunque para eso debió aceptar correcciones a la iniciativa original.
El Bloque Justicialista, del diputado Diego Bossio, y la bancada massista, UNA, adhirieron “con disidencias” al dictamen de mayoría, luego de que el oficialismo aceptara introducir algunos cambios reclamados al proyecto que envió la semana pasada el Poder Ejecutivo.
De esta manera el gobierno de Mauricio Macri contará con la cantidad suficiente de votos para que la iniciativa obtenga media sanción en la sesión especial de la Cámara de Diputados prevista para el martes de la semana que viene.
Tras cinco horas de debate en el Anexo C de la Cámara baja, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas dictaminó sobre la iniciativa: al despacho de mayoría -también firmado por el bloque Social Cristiano, de Darío Giustozzi- se le suman los de minoría del Frente para la Victoria-PJ, del bloque Solidario SI (Carlos Heller) y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
El dictamen de mayoría obtuvo la firma de 43 de los 80 integrantes de ambas comisiones, un día después de que en Tigre se reunieran Sergio Massa; el presidente de la Cámara de Diputados, el macrista Emilio Monzó, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, para consensuar el proyecto.
En paralelo, en el Congreso se reunieron el presidente de la comisión de Finanzas, el macrista Luciano Laspina, Bossio y el massista Marco Lavagna.
Fuentes parlamentarias señalaron que el massismo condicionó el apoyo a la ley a que el Poder Ejecutivo anticipe la devolución del 15% de fondos coparticipables a las provincias, que la Nación les retiene desde 1992 como consecuencia de un pacto fiscal destinado a financiar a la Anses.
El oficialismo pretendía discutir en el recinto este jueves la ley, pero la sesión se postergó para el martes, según confirmaron a ámbito.com desde presidencia de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el trasfondo político es que este jueves Frigerio mantendrá un encuentro con los gobernadores en la Casa Rosada, donde se discutirán los términos de la devolución del 15%.
El pedido de pasar el debate hasta el próximo martes fue realizado por el pampeano Sergio Ziliotto, del Bloque Justicialista, al que adhirió el sanjuanino José Luis Gioja, del Frente para la Victoria-PJ.
El Diputado por el FpV, Axel Kicillof había confirmado a ámbito.com este pedido. Kicillof tuvo una acalorada intervención en el debate, donde manifestó su rechazo al acuerdo y aseguró que el Congreso está siendo “extorsionado” para votar. También remarcó que no cree “que el acuerdo haya sido redactado en la Argentina”.
“Seguramente uno de los temas que va a surgir ahí es el tema del 15%. Nosotros hemos hecho fuertemente hincapié en la recuperación de esos fondos”, sostuvo Lavagna tras la sesión de las comisiones de Diputados, consultado sobre esta suerte de canje político que involucra la ley que habilita el pago a los buitres y la restitución de la coparticipación.
Por su parte, desde Nuevo Encuentro, aliado del kirchnerismo, adelantaron que no darán quórum durante el tratamiento en el recinto y se movilizarán al Congreso ese día.
En tanto, Laspina señaló que la iniciativa “es muy clara en no autorizar ni un dólar más que los que se necesiten para pagarles a los bonistas que acepten estos convenios”, pero que pese a ello accedieron al pedido del Frente Renovador de que “si hay excedentes en la emisión de fondos, estos vuelvan al parlamento” para que allí se defina en qué obras de infraestructura se usarán.
De esta manera, el destino de esos posibles excedentes del endeudamiento no será determinado por el Gobierno, conforme a las facultades que le otorga la ley de Administración Financiera, sino por el Congreso.
Laspina señaló que el oficialismo también accedió a un pedido del bloque de Bossio de que se difundan los dictámenes de los abogados del Estado argentino relativos a posibles riesgos de futuras demandas de acreedores que aceptaron los canjes de la deuda de 2005 y 2010 que consideren que a los buitres se les pagará más que a ellos.
“Nos pareció importante tener esos documentos sobre las bancas el día de la sesión”, sostuvo Laspina.
Fuentes del oficialismo anticiparon que los dictámenes jurídicos presentan descartan “de manera abrumadora” la posibilidad de nuevas demandas.
El arreglo del Gobierno con los fondos buitre puede sentar un mal precedente para otros países que afrontan o están en riesgo de afrontar extorsiones similares por parte de aquellos tenedores de bonos que quedaron fuera de las reestructuraciones de deuda. Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas alertaron sobre las consecuencias que tendrá, de aprobarse, el acuerdo que impulsa el Gobierno con los fondos buitre no sólo para Argentina, sino para todos los estados del mundo que intentan resolver sus crisis de deuda externa de manera soberana. En un comunicado emitido en Ginebra, Suiza, el experto sobre las consecuencias de la deuda externa en los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y el experto sobre la promoción de un orden Internacional Democrático y Equitativo Alfred De Zayas sostuvieron que la oferta de Macri y Prat-Gay de pagar 4650 millones de dólares cash a los buitres “alentará litigios disruptivos de acreedores holdout” como el que se cursa contra la Argentina en Nueva York “en todo el mundo”.
“No son buenas noticias”, coincidieron los expertos ante la posibilidad concreta del acuerdo, porque “dificultará la solución de las crisis de la deuda de una manera justa, oportuna y eficiente, alentando y recompensando el comportamiento de aquellos que se niegan a participar en los esfuerzos de reestructuración”. Ambos advirtieron, además, que “el mensaje” que enviaría Argentina al mercado financiero “sería que conviene negarse a participar en los procesos de reestructuración”, lo opuesto a lo que el país impulsó hace tan sólo seis meses ante la propia asamblea de la ONU, con el anterior gobierno.
En septiembre del año pasado, por iniciativa argentina, la Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría los nueve puntos para la reestructuración de la deuda soberana. Con 136 votos a favor y sólo 6 en contra (EE.UU., Israel, Canadá, Alemania, Reino Unido y Japón), los principios creaban el marco de acción entre los estados deudores y los acreedores, con derechos y obligaciones a los que cada parte debe abstenerse. Entre otras cosas, la resolución establece que si una reestructuración como las impulsadas por el país en 2005 y 2010 es aprobada por “una mayoría calificada”, el resto de los bonistas “no representativos” (en este caso, los buitres) deben subordinarse a lo acordado por la mayoría.
Los expertos marcaron el peligro que engendra esa contradicción. “Aunque Argentina promovió los principios de reestructuración soberana, ahora está a punto de pagarles a los fondos buitres mucho más de lo que el Estado argentino pagó a los acreedores que cooperaron en reestructuraciones de deuda pasadas”, señalaron. Y adjudicaron el cambio de rumbo a la operación “de las fuerzas del mercado”. “Ahora es aún más urgente que la comunidad internacional encuentre mejores soluciones a este problema”, dijeron.
Bohoslavsky y De Zaya recordaron que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestó en 2014, en plena ofensiva buitre contra el país, su preocupación “por el hecho de que el pago a los fondos buitres podría socavar la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales”.
Ante el nuevo escenario, llamaron la atención sobre el costo del arreglo, que implica tomar nueva deuda, tal como lo planteó el ministro Prat Gay. El regreso al endeudamiento externo “exacerbaría la desigualdad económica y crearía las condiciones para una futura inestabilidad financiera”, agregaron. En ese sentido, llamaron a los miembros del Congreso a “considerar cuidadosamente las consecuencias del acuerdo” y a actuar “con prudencia” sobre el monto de endeudamiento que acarrearía el acuerdo si es aprobado en ambas Cámaras. “Antes de decidir sobre esta amplia gama de cuestiones, sería apropiado realizar una evaluación del impacto sobre los derechos humanos”, sugirieron.
