La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad manifiesta nuevamente su plena solidaridad con los familiares, compañeros y compañeras de los normalistas de Ayotzinapa, y hace suyos los diez argumentos[1] técnico-jurídicos por los cuales la investigación de las ejecuciones extra judiciales de seis personas, tres de ellas estudiantes, y la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Escuela Normal, debe continuar abierta, frente a la decisión del Estado mexicano de dar por cerrado el caso.

Demostrando una alarmante insensibilidad, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del Procurador General de la República, informó a los medios de comunicación sobre los supuestos avances de las investigaciones antes que a los familiares, incurriendo con ello en una revictimización. Asimismo, se faltó al compromiso asumido por Peña Nieto de proporcionar a los abogados de los familiares copias de todas las actuaciones que obren en los expedientes consignados.

A cuatro meses del crimen de Estado y lesa humanidad no existe plena certeza científica acerca de lo ocurrido en Iguala,  y reconocidos científicos han expresado dudas sobre las hipótesis de las autoridades mexicanas. No se aceptarán resultados hasta en tanto no sean ratificados por expertos independientes con las más altas calificaciones. En ese sentido,  reiteramos la confianza en el Equipo Argentino de Antropología Forense y exigimos que se remuevan todos los obstáculos oficiales para que realicen su labor en condiciones óptimas.

Observamos que la Procuraduría depende en exceso de declaraciones efectuadas ante ministerio público por personas que fácilmente pudieron ser coaccionadas, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente. Responsables materiales claves del crimen no han sido detenidos, mientras la Procuraduría no ha logrado, y tampoco sabemos si tiene voluntad para ello, que exista un solo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo esta la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos, y dado que este es un crimen de Estado

Nos negamos a que se de por concluida la investigación pues no se ha indagado la responsabilidad del Ejército pese a que hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada. El Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la Policía de Iguala y Cocula, pese a lo cual las Fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes sino que antes bien les brindaron protección. No puede darse por concluida la investigación porque ni siquiera ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero y de la Federación.

La Red En Defensa de la Humanidad apoya la decisión de las familias de los desaparecidos de acudir a instancias internacionales como el Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, a denunciar lo que ocurre en México. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha designado un grupo de expertos que a la mayor brevedad deberá comenzar la verificación técnica de la investigación realizada por México; esta revisión es indispensable pues sabemos que encontrarán múltiples irregularidades.

La Red En Defensa de la Humanidad hace saber a los familiares, compañeras y compañeros de los estudiantes normalistas, y a todo el pueblo de México, que no están solos y que hacemos nuestra su lucha por la verdad y la justicia. La solidaridad, que es la ternura de los pueblos, los acompaña.

Red En Defensa de la Humanidad, 1 de febrero de 2015