El 9 de abril, el alcalde de Rio de Janeiro Marcelo Crivella declaró estado de calamidad pública en Río de Janeiro. Ayer, Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de anular decisiones de gobiernos regionales o municipales que adoptaron “eficaces medidas restrictivas” a la circulación de personas para reducir el número de infectados y de muertos por la epidemia de coronavirus