El expresidente boliviano Evo Morales denunció que el Ejecutivo liderado por la autotitulada presidenta Jeanine Áñez impuso nuevos límites a la libertad de expresión, justificándose en la pandemia provocada por el nuevo coronavirus.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Morales manifestó que el Gobierno de facto profundiza aún más las violaciones a los derechos humanos, al disponer que la difusión de informes que las autoridades consideren no ajustadas a la verdad, reciban tratamiento penal.
La denuncia de Evo hace referencia al decreto supremo número 4231, emitido el pasado 7 de mayo por el Ejecutivo de facto, el cual se hizo público este domingo, cuando se celebraba el Día del Periodista boliviano.
La norma prevé una modificación a otros dos decretos anteriores. “Las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán posibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”, afirma el decreto.
El gobierno de facto de #Bolivia cada día llega más lejos en la violación de Derechos Humanos. Ahora, aprobó un decreto que amplía las restricciones y agrava las sanciones contra la libertad de expresión e información "escrita, impresa y artística" como delitos penales.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 11, 2020
La Constitución Política del Estado boliviano (CPE) prevé que los emisores de contenido difundido a través de los medios de comunicación están obligados a ajustarse a los principios de veracidad y responsabilidad, conforme a su artículo 103.
Este precepto dispone, además, que los órganos de autorregulación de los periodistas y los jurados de imprenta son los encargados de la regulación de lo que se difunde en los medios, función ahora asumida por el Gobierno de facto a partir del nuevo decreto.
